En el momento actual, y desde un tiempo a esta parte, quienes nos gobiernan, de todos los grupos y tendencias, afrontan la cuestión de la justicia y de la defensa de los derechos de los ciudadanos en términos exclusivamente económicos. Lo que deben gastar choca abiertamente con sus preferencias políticas, con aquellas cosas que se ven más a corto plazo, con aquello que produce rentabilidad en términos políticos, más votos y más probabilidades de perpetuarse en el gobierno.
Es una lástima que la clase política actual, de todos los signos y todas las tendencias -salvo contadas excepciones- se entregue a una visión a corto plazo en todos los aspectos de la vida, demostrando sistemáticamente su alejamiento de la realidad, con total ausencia de humildad, con escasa entrega y poca vocación de servicio, con nula visión de futuro. Se persigue solamente el éxito político, el resultado inmediato, la rentabilidad electoral, la permanencia política, en definitiva.
¿Qué clase política tenemos que discute el gasto en asistencia a detenidos y personas sin capacidad económica y, sin embargo, no repara en gastar millones de euros más en la tercera campaña para traer unos Juegos Olímpicos, o en construir aeropuertos que nadie utiliza, o en mantener abiertos y ampliar aeropuertos que no hacen más que perder millones de euros todos los años? Solo apunto algunos de los ejemplos más llamativos, ni siquiera les voy a invitar a que comprueben lo que perciben los políticos en sueldos, dietas e indemnizaciones por trabajar dos o tres días a la semana en muchos casos, y con plena compatibilidad laboral. Y esto no es demagogia, sino una fotografía de la realidad.
¿Qué Estado tenemos que no garantiza un plato de comida y una vida digna a las personas que no tienen nada? Si no fuera por organizaciones como Cáritas, o por las Bancos de alimentos, o por la caridad de miles de personas y voluntarios que donan su vida y sus bienes, iban aviados.
Pero hoy me importa destacar que, de los muchos argumentos falsos que se han dado para justificar la ley de tasas judiciales, el más manido ha sido el del gran coste de la justicia gratuita. Para desmentir al Sr. Ministro, que se dedicó a dar datos inciertos, solo voy a remitirme al excelente estudio publicado en el DIARIO LA LEY, realizado por Alberto VAQUERO GARCÍA, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo (Diario La Ley, Nº 8078, Sección Doctrina, 8 May. 2013, Año XXXIV, Ref. D-170): Los costes de la justicia en España: una evaluación desde la perspectiva económica. Hay datos reveladores: a pesar de que cada vez se destinan más recursos a la asistencia legal (en 2011 se dedicaron 241 millones frente a los 167 de 2006) el peso relativo de esta partida apenas alcanza el 6,5% de todo el presupuesto público.