A propósito del proyecto del Gobierno de Ley de Servicios Profesionales, otra vez más, y ya van unas cuántas, casi todos lo sectores, por no decir todos, lo rechazan. ¡Qué virtud esta de concitar el unánime rechazo!, es decir, de diálogo o consenso, nada de nada. Pero, entendámonos, ni unos ni otros.
De unos años a esta parte asistimos al recorte sistemático de nuestros derechos y libertades. Los gobiernos socialistas y populares no hacen más que ahondar en ello. No hay más que analizar las reforma procesales realizadas. Todas ellas han ido recortando en progresión geométrica el acceso a los recursos, a la propia jurisdicción, se limita el recurso de amparo constitucional, se instauran unas tasas judiciales absolutamente disuasorias, etc. Atrás quedan los años de la transición democrática y de la aprobación de la Constitución.
Cuando yo estudié la carrera, allá por los años 1985-1990, los estudiantes de Derecho gozábamos del aprendizaje de un auténtico Estado de Derecho. La igualdad, la libertad, la tutela judicial, eran algo real y tangible, Derecho vivo.
Hoy, lamentablemente, las leyes duran poco tiempo. Las modifican,a veces incluso con la nocturnidad y alevosía del trámite de urgencia, cuando no de las disposiciones transitorias, adicionales o finales de otras leyes. Nos obligan a escudriñar en el BOE todos los días, desconfiando de una posible reforma. Y qué decir de la derogación de la vacatio legis: las leyes ahora ya entran en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. ¡Viva la seguridad jurídica!
Pero, además de durar poco, es que ni se meditan, ni se discuten realmente, ni se tiene en cuenta el parecer de los colectivos implicados. Solo se cubren las apariencias. Así se demuestra cuando se desoyen los dictámenes del CGPJ, o del Consejo de Estado, se desprecian las alegaciones de los Colegios profesionales. así se hacen las chapuzas que se hacen, como la de la Ley de Tasas judiciales, tramitada por la vía de urgencia, sin debate, sin consenso, con desprecio y bastante prepotencia, tanto que se olvidaron de aprobar el modelito o formulario para que pasáramos por caja. ¡Menudas lumbreras!
Mendazmente se dice que este nuevo proyecto de Ley de Servicios Profesionales trata de dotar a los colegios y servicios profesionales de una norma moderna, pues tienen una regulación antigua, de 1974, cuando esta Ley de 1974 ha sido modificada varias veces, y recientemente,a raíz de la Directiva comunitaria 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se han aprobado dos leyes conocidas como Ley Paraguas y Ley Ómnibus, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo objetivo principal era precisamente adaptar el sector servicios a la regulación europea.
¡Cuánta hipocresía! De las farmacias, ni una sola pista. Aquí se rasgan las vestiduras por lo que cobran los miles de abogados de España , a los que, por cierto, se les pretende fijar unos honorarios por el propio Gobierno (véase el Anteproyecto de ley para la eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), y no pasa nada porque exista un coto cerrado de farmacias, y el que quiera montar una, o la hereda o se empeña de por vida, o es millonario. Y los servicios de defensa de la competencia estatal y autonómicos parece que están más dedicados a perseguir a los colegios profesionales, con amenazas de multas millonarias, que a velar por un mercado verdaderamente libre y sujeto a unas normas mínimas de calidad y juego limpio.
Realmente lo que se persigue es la demolición de los colegios profesionales, porque aunque no le cuestan ni un euro al Estado, prestan importantes servicios públicos gratuitamente y ejercen una potestad disciplinaria y protectora de los consumidores que, no se olvide, goza de la garantía de la revisión ante los tribunales, lo cierto es que son incómodos para el poder, configuran auténticos grupos de presión y de opinión que chocan abiertamente con los intereses de esta abominable dictadura de los partidos políticos en que se ha convertido la democracia española.
¿Acaso no es alarmante el aumento desmesurado de las sanciones de todo tipo por de todas las administraciones, sacando a relucir viejas y nuevas normas sancionadoras? O el desaforado uso de las multas coercitivas. ¡A ver quien recurre una multa si tiene que pagar una tasa y además acudir a un abogado!.
¿Acaso es posible presentarse a unas elecciones en condiciones de igualdad de oportunidades con cualquier partido político o candidato de este? ¿Quién tiene dinero y medios para presentarse a unas elecciones? ¿Por qué exigen avales a los que deseen presentarse a un cargo electo en un partido? ¿Y qué me dicen del espionaje a o entre políticos y adversarios? ¿Y de las listas cerradas? Por no hablar del mandato imperativo al que en realidad están sometidos los diputados respecto del partido.
No vamos a mencionar tampoco el sistema de elección de los miembros del CGPJ o del Tribunal Constitucional.
Todo está preñado de política, de políticos, de discursos monopolizados por políticos, de tribunas para políticos (telediarios, periódicos, ruedas de prensa, convenciones). Pero poca o ninguna igualdad de oportunidades, de ninguna oportunidad para entrar en una lista de un partido si no eres amigo del que las hace o no tienes el mérito de no ir contra corriente o no disentir de la línea dominante.
Nuestros políticos se quieren cargar la libertad, la seguridad jurídica. Por eso es el momento de los ciudadanos, de los movimientos cívicos, de crear foros de discusión y de realizar propuestas, para crear diálogo don de hay monólogo, para que el espíritu de nuestra Constitución no se diluya en el vacío de la casta política y sus privilegios.
De la reforma local tan cacareada, no vemos medidas reales para acabar con la prepotencia de la administración local, del urbanismo ramplón y chabacano, de la gestión por personas que carecen de la más mínima formación, ni el refuerzo de controles administrativos de legalidad o de evitación de litigios administrativos. Y es que la Administración debe servir al ciudadano y no servirse de él.
En la mente de todos nosotros, y de los que nos rodean cotidianamente, está el clima de corrupción y prebendas generalizado. No hace falta ninguna encuesta del INE para saberlo. Hacen falta medidas reales y efectivas. Y ante la ineficacia de la clase política, deben ser los ciudadanos los que las promuevan y propongan. Solo la unión nos permitiría recurrir las normas injustas, de mala calidad, imperfectas o contrarias a la Constitución, denunciar conductas, hacerse oír. La verdadera regeneración democrática, ética y moral está solo en nuestras manos.