Autor: Juan C. Abeigón Vidal

No acabo de entender cómo nos cuesta tanto asimilar y poner en práctica leyes que llevan ya más de 9 o de 4 años en vigor. Me refiero a las Leyes 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, o la 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Lo que sí veo es que a todos los operadores jurídicos nos cuesta siempre mucho trabajo dar aplicación a las leyes de reforma de la justicia, como, por ejemplo, la de la nueva Oficina Judicial. Y especialmente estas que, sin duda, contribuyen a la modernización y agilidad de la misma. No vemos estas reticencias en la cosa tributaria o en la sancionadora de tráfico, donde lo damos todo por bueno sin rechistar, a pesar de que en su ámbito también se ven afectados los derechos de los ciudadanos y los nuestros como profesionales. Siempre clamando por la reforma de la justicia, por su modernización, y a la hora de la verdad, todo son problemas, nunca está a nuestro gusto. Creo, sinceramente, que somos nuestro propio enemigo.

Para mí sería un paso atrás imperdonable, sin duda, una moratoria o una suspensión del sistema que la Ley 18/2011, en vigor desde el 7 de julio de 2011, puso en marcha. El sistema es mejorable, pero hemos de formularnos una pregunta: ¿qué hemos estado haciendo durante todos estos años que estaban avisando que el sistema se iba a poner en práctica? Yo, desde luego, que también me apunto a la mejora, y a la seguridad jurídica, y a la protección de datos, y a la interoperabilidad, a la comunicación bidireccional. ¿Y quién no? Pero también a no tener que desplazarme para presentar un escrito en cualquier parte del territorio provincial, regional o nacional, a poder ejercer mi profesión en todo el territorio. Y cierto es que faltan medios, como siempre, y formación, pero también verdadero interés en que esto funcione. Todavía recuerdo a algún funcionario renuente al empleo del ordenador que seguía utilizando su vieja Olivetti, y a aquel pobre instructor de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que usaba los siete papeles de calco para pasar las declaraciones del detenido.

A mi me preocupa mucho seguir escuchando a algunos compañeros que ellos no firman digitalmente nada, que pasan de todo, que no hace falta, que cuela igual. Y me produce sonrojo contemplar cómo algunos dinamiteros, unos por ignorancia, otros por afán de protagonismo, otros por simple seguidismo y hasta por oportunismo y posicionamiento político, lanzan cantos sirena y braman presagios apocalípticos, proclamando a los cuatro vientos que esto es el fin de los tiempos y que no hay seguridad. Por contra, en los dos años que yo personalmente llevo funcionando como abogado con Lexnet, no he oído ninguna de estas críticas que ahora se difunden por esas plataformas de firmas de manera interesada. Y tampoco veo críticas constructivas. Quienes reclaman seguridad jurídica (no lo explican), no mencionan siquiera, ni les preocupa, la inseguridad que aun existe en las comunicaciones entre abogados y procuradores, que es donde más nos la jugamos profesionalmente. Y me da rabia, porque esto lo hacemos entre todos, esto lo podemos hacer funcionar entre todos.

Muchos de los fallos que se exponen son simples errores de bulto que cometemos al tratar con el sistema, al firmar los escritos y documentos, al enviarlos. Casi todos los problemas son de orden técnico, muchos de ellos ya solucionados. Pero nos falta formación, hay una enorme brecha digital entre generaciones de profesionales, carecemos de los necesarios conocimientos informáticos, de herramientas básicas y hasta de práctica en la gestión de la información. Otros problemas y otros fallos son manifiestamente mejorables, pero no veo yo ese agujero que algunos denuncian con escasos y genéricos fundamentos. Como en otros órdenes (educación o sanidad, sin ir más lejos), existe una desigualdad intolerable entre los distintos territorios de España. Afloran los males endémicos, las secuelas de la mala gestión de algunos, y muchos parten de cero mientras otros ya llevamos mucho camino andado. Las diferencias territoriales son notables. Por eso en unos sitios los problemas han surgido como setas.

Pero desde el punto de vista general y atendiendo a todo el territorio nacional, una moratoria en el empleo del sistema sería un paso atrás inasumible, sobre todo después de todo el esfuerzo que se le ha dedicado. Esto tiene que echar a andar ya. No admiten más demoras la reforma y la modernización de la justicia. Por una vez, dejemos las cuitas personales y la ideología política a un lado y abordemos la puesta en marcha de una reforma en la que todos estamos de acuerdo.

Es cuestión de actitud, y de profesionalidad también. Desde Galicia, desde Pontevedra en particular, moratoria no, gracias.